El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, anunció que presentarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) un documento que busca probar que el Estado «castiga, sanciona y persigue» a quienes atentan contra los derechos humanos en Venezuela.
Este reporte será enviado luego de que la fiscal Fatou Bensouda hallara «una base razonable» para creer que en Venezuela se han cometido crímenes que competen a la Corte.
El titular del Ministerio Público aseguró, en una comparecencia pública, que las instituciones no permiten que haya impunidad en casos de violación a los derechos humanos.
Asimismo, recordó que invitó a la fiscal Bensouda a visitar Venezuela. Esto, con el fin de que «conozca cómo se realizan las investigaciones» en el país.
Cabe destacar que el William Saab hizo una visita a la CPI el pasado 4 de noviembre.
Niega crímenes de lesa humanidad a pesar de lo concluído por la CPI
Pese a lo dicho la semana pasada por Bensouda, el fiscal designado por la ANC aseguró este lunes que «no se puede tipificar que haya crímenes de lesa humanidad» en el país, pues la Constitución y las leyes «lo han prevenido».
#EnVideo?| Fiscal General @TarekWiliamSaab, aseguró que en el caso de Venezuela no se puede tipificar que existen crímenes de lesa humanidad porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados por todo el peso de la Ley pic.twitter.com/Ox6SFwfWP6
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 9, 2020
El alto tribunal abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad.
Las violaciones habrían ocurrido no solo en las manifestaciones del 2017 sino también en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
La Fiscalía de la CPI ha solicitado a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma».
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad. Esto quiere decir que no intervendría si la justicia venezolana llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.
Si la Fiscalía del tribunal internacional considera que esas investigaciones no son genuinas y que los hechos que se denuncian son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasaría a ser una investigación formal.
A este examen de 2018 se le añadió en febrero de 2020 un informe emitido por Caracas. En dicho documento se asegura que las sanciones impuestas por Estados Unidos son crímenes de lesa humanidad.
Los señalamientos a Venezuela en esta materia por parte de la CPI son respaldados. Principalmente, por los diferentes informes que ha emitido la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En Conexión/ EFE
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