La Unión Europea (UE) decidió este jueves extender sus sanciones a Venezuela por un año más, lo que quiere decir que las restricciones se mantendrán hasta el 14 de noviembre de 2021.
«La decisión se tomó ante la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, con acciones persistentes que menoscaban la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos», anunció el Consejo de la UE en un comunicado.
La sanciones incluyen el embargo de armas y de equipos que puede utilizarse para la represión en Venezuela.
Asimismo, prohíben la entrada de 36 personas ligadas al madurismo a los territorios de la Unión Europea, entre ellas Diosdado Cabello.
Igualmente, tras este anuncio, se mantendrá la congelación de los activos de aquellas personas sancionadas por el bloque.
La extensión de las sanciones a Venezuela que los veintisiete países de la Unión Europea aplicaron por primera vez en 2017, entrará en vigor desde mañana viernes 13 de noviembre.
El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, envió en octubre una misión a Caracas.
Lo anterior, se hizo presuntamente bajo el mandato de los ministros de Exteriores de Los Veintisiete para facilitar el diálogo entre el régimen y la oposición e intentar aplazar las elecciones del 6 de diciembre.
La Unión Europa aún continúa esperando una respuesta formal de Venezuela a su petición de posponer los comicios. Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro ya ha comunicado públicamente que la fecha de los comicios se mantiene.
Borrell causó tanta polémica en su momento por el envío de la delegación a Caracas que fue obligado a comparecer frente al Europarlamento.
El Alto Representante de la Unión Europea defendió la misión, a pesar de que muchos lo tildaron de colaboracionista con la administración de Maduro.
«Había una pequeña luz de esperanza y me sentí obligado a explorarla», afirmó Borrell en la comparecencia.
De hecho, varios diputados de la Unión Europea atacaron al diplomático por su decisión con respecto a Venezuela. Una de ellas fue la parlamentaria española del PPE Dolors Montserrat, quien insistió en que se trató de una misión «semiclandestina».
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