La asociación civil Transparencia Venezuela publicó un informe en el que identifica y clasifica a los diferentes grupos criminales que operan en el país.
De acuerdo al informe Crimen Organizado y Corrupción en Venezuela: Un problema de Estado, los investigadores de Transparencia Venezuela identificaron «nueve bloques delictivos que dominan el territorio, ejercen control social; y se dedican a distintas actividades de delincuencia organizada».
Destacan que estos bloques están compuestos por «15 agrupaciones paramilitares o parapoliciales». A estas, se le suman «bandas, mega bandas y colectivos», que explican, son organizadas y lideradas desde las cárceles.
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Los nueve bloques serían los siguientes: mega bandas criminales; los seudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros; los “colectivos” armados y violentos; los “pranes” y sus organizaciones carcelarias; las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o “Boliches”; el Holding de la corrupción; traficantes de droga; y grupos paramilitares de Colombia como las FARC, ELN y las bandas criminales conocidas como “Bacrim”.
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— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) July 4, 2020
Esta investigación, que comenzó en 2019, alerta que en Venezuela «se ha instaurado un sistema de impunidad». La falta de instituciones sólidas para combatir a estos grupos criminales es una de las principales razones para la proliferación de estas actividades.
«Se han creado incentivos económicos y oportunidades de “negocios” que han potenciado que grupos irregulares operen en el país», dice el informe, que señala al subsidio estatal a los servicios como combustible y alimentos, como uno de los incentivos.
Además, el estudio habla sobre la participación de funcionarios de seguridad y organismos del Estado en las actividades criminales del país.
¿Existe solución?
Ante este desalentador escenario que expone el informe de Transparencia Venezuela, los investigadores también presenta planteamientos para tratar de revertir la situación.
1- Ruptura entre lo político, los funcionarios y lo criminal.
2- Profunda reforma legal e institucional de organizaciones del Estado.
3- Eliminación de los incentivos económicos y oportunidades de negocios para el crimen organizado.
4- Logro de la “salud institucional”.
5- Descolonización militar de la administración pública.
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