El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, denunció este martes que paramilitares colombianos ingresaron al país a 3.000 migrantes venezolanos que estaban contagiados con coronavirus.
Según Saab, se «estima que entre 30 y 50 mil personas» ingresaron al país por vías ilegales custodiadas por paramilitares colombianos; de las cuales, «casi 3 mil» eran portadores de COVID-19.
Tarek William Saab: Se estima que entre 30 mil a 50 mil migrantes retornaron por pasos ilegales que son administrados por paramilitares colombianos, y que cerca de 3 mil regresaron como portadores del virus
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) July 7, 2020
Estas afirmaciones se suman a la teoría del régimen, que sostiene que el incremento de casos en el país se debe al ingreso de los «trocheros». El propio Nicolás Maduro lanzó la acusación durante el fin de semana, cuando aseguró que «los trocheros son los principales transmisores del virus en Venezuela».
William Saab hizo eco de Maduro y señaló que esta situación con los migrantes «ha ocasionado la proliferación» de casos en al menos diez estados del país.
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En ese sentido, anunció que el Ministerio Público realizó 11 investigaciones que llevaron a la captura de 36 personas involucradas con los pasos ilegales. «13 se encuentran privados de libertad por pertenecer a estas mafias»; mientras que los otros 23 eran migrantes, por lo que se les dictó medida cautelar sustitutiva.
Las 13 personas detenidas, se les imputan los cargos de tráfico ilegal de personas; instigación a la desobediencia de las leyes, propagación de epidemia; serán enviadas al Centro Penitenciario de Oriente, en El Dorado.
Defensores de los derechos humanos han denunciado que estas acusaciones del régimen generan un «estigma» sobre aquellos venezolanos que se ven en la necesidad de regresar al país en medio de la pandemia. Los expertos alegan que los migrantes deciden ingresar por pasos ilegales, ante la imposibilidad de mantenerse en otros países; y por las precarias condiciones que ofrece el régimen en los centros de asistencia.
Incluso, la Oficina para la crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, alertó que esta actitud de la administración chavista «pudiese representar la intensificación de tratos crueles, inhumanos y degradantes» contra los que regresan a Venezuela.
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