Este martes Nicolás Maduro mostró su molestia e inconformidad ante las críticas de la comunidad internacional por la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) hecha por el Tribunal Supremo de Justicia -TSJ-.
El viernes el TSJ nombró, saltando las normas de la Ley Electoral y la Constitución, a las autoridades electorales de Venezuela. Esta medida pone en entredicho la realización de las próximas elecciones en el país, programadas para finales de este año.
Además, el máximo tribunal del país sudamericano suspendió las directivas de dos de los principales partidos políticos opositores –Acción Democrática y Primero Justicia-; y nombró nuevas Juntas ad hoc encabezadas por personas vinculadas al régimen de Maduro.
Ante este escenario en Venezuela, la Unión Europea -UE- señaló que las decisiones del TSJ «reducen al mínimo el espacio democrático en el país». La UE agregó que estas sentencias «crean obstáculos adicionales» para que Venezuela logre finalmente resolver su crisis política, económica y social.
Este comunicado de los países europeos contra el CNE hizo explotar a Maduro. «Fuera la Unión Europea de Venezuela. Ya basta ustedes con su visión colonialistas», dijo Maduro.
Nicolás Maduro aseguró que la UE debía «preocuparse» por sus propios problemas y «dejar en paz» a Venezuela. «Preocúpense del coronavirus, preocúpense del racismo, preocupen de la crisis económica de la Unión Europea», afirmó.
Pero la UE no es el único organismo internacional que criticó la designación del nuevo CNE. El Grupo Internacional de Contacto (GIC) lamentó esta medida y dijo que la decisión «reduce aún más las garantías necesarias para la realización de un proceso electoral justo y transparente».
El GIC exhortó a «quienes detentan el poder» que se abstengan de tomar medidas que «tornen inviable la solución democrática». La declaración está firmada por Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Portugal, España, Suecia y Reino Unido; por parte de Europa, mientras que por América, firmaron Ecuador, Costa Rica, Panamá y Uruguay.
Asimismo, el Grupo de Lima, integrado por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela; desconocieron la «ilegal» designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral.
El Grupo señaló que medidas como esta «socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral».
En esta oportunidad, el canciller Jorge Arreaza fue el representante del régimen encargado de fustigar el pronunciamiento de ambos grupos. En primer lugar, el canciller aseguró que «los muertos vivientes no suman» al referirse al comunicado del GIC.
Con respecto al pronunciamiento del Grupo de Lima, Arreaza aseguró que los países demuestran «profunda ignorancia sobre el derecho constitucional venezolano», y señaló que buscan desviar la atención por su «catastrófico» manejo de la pandemia del coronavirus.
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