EFE
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se crearon en el 2016 como un componente de la Policía Nacional Bolivariana. El organismo ha protagonizado varias polémicas por su actuación en operaciones en barriadas, enfrentamientos con bandas delictivas y persecución contra dirigentes políticos.
Tantos organismos nacionales como internacionales, se han dado la tarea de recabar y denunciar el atropello de los funcionarios en medio de acciones extrajudiciales.
Este lunes, 16 de noviembre, un video grabado en el estado Zulia circuló por las redes sociales en el que se observaba a un gran número de funcionarios del FAES dirigiendo a unos obreros que cavaban un hueco dentro de la propiedad de un productor agropecuario identificado como Américo Ledezma.
Esto provocó la reacción de varios organismos, debido a lo irregular del proceso.
Incluso, el fiscal general designado por el gobierno de Maduro, Tarek William Saab, se refirió al caso afirmando que investiga varias denuncias contra las FAES
«Nos han llegado dos denuncias vinculadas al FAES nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAES«, dijo Saab durante una entrevista con la televisión pública VTV.
«Se inició una investigación, ahí va a haber presos porque eso no puede ocurrir. En Venezuela no puede pasar, eso puede pasar en Colombia, eso puede pasar en Lima, Perú, eso puede pasar en Chile, pero en Venezuela no puede pasar», reiteró, pese a las numerosas denuncias que pesan sobre los efectivos de la FAES por diversos delitos, entre ellos, torturas y asesinatos.
Según la organización Provea, desde su creación en 2016 las FAES han sido responsables del asesinato de 1.400 personas.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió que se disolviera el organismo en su primer informe sobre Venezuela hace más de un año. Incluso, durante sus actualizaciones de lo que ocurre en el país, ha recordado que su recomendación no se ha tomado en cuenta.
Bachelet dijo que las FAES son responsables de varios asesinatos extrajudiciales en el país.
El pasado 9 de noviembre, Saab informó que la Fiscalía presentaría ante la Corte Penal Internacional (CPI) un documento que busca probar que el Estado «castiga, sanciona y persigue» a quienes atentan contra los derechos humanos en el país; ante los indicios de incumplimiento que posee el alto tribunal.
Esto luego de que la fiscal general del tribunal de La Haya, Fatou Bensouda, comunicara a Saab que considera que existen «fundamentos razonables para creer» que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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