El pasado 5 de enero comenzó a trabajar una nueva Asamblea Nacional en la que el 92% de los diputados son chavistas y su vicepresidenta, Iris Varela, lanzó una promesa que a muchos sonó a amenaza sobre posibles invasiones.
«Que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país»; dijo en una entrevista con un periódico local; afín a las propuestas del oficialismo que no mereció réplica del periodista.
Desde entonces, según explica el activista Carlos Julio Rojas, «ha habido más de diez intentos de invasión», solo en el municipio Libertador, el más grande y tradicional de los cinco que componen el complejo entramado administrativo de Caracas. Lo que en otro lugar; sin ese caos de gobiernos locales, sería el centro de la capital.
«En 2020, (…) hubo 53 intentos de invasión de los que nosotros recibimos información. De ellos, 40 fueron en cuarentena (que se prolongó de marzo al 1 de diciembre) y un aspecto que es muy importante; ya no son solo viviendas y residencias«; explica el coordinador de la organización Frente en Defensa del Norte de Caracas.
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Según sus registros, el 57 % de las invasiones son a «locales comerciales y edificios de industriales con apoyo directo, complicidad, unas veces por acción y otras por omisión del Ejecutivo».
Rojas detalla que los ocupantes «buscan edificios que son vulnerables, apartamentos que estén solos» pero advierte que «las invasiones no tienen que ver con el tema de vivienda; tiene que ver con un negocio que tiene que ver con matiz político y económico».
«La violación a la propiedad privada es una política de estado«, concluye.
Estado de indefensión
«Hemos hecho muchas gestiones ante Fiscalía y organismos de seguridad y ha sido muy difícil restituir el derecho de propiedad porque las leyes no nos apoyan y hay un estado de indefensión», explica a Efe Omar Pérez.
Su familia tiene varios apartamentos en un céntrico edificio que han sido ocupados. De algunos, explica, dejaron de pagar el alquiler; otros fueron invadidos por desconocidos.
Uno de esos apartamentos, comenta, quedó vacío hace ocho años, cuando los arrendatarios se fueron de Venezuela, pero otra familia lo «cuidaba» aunque no vivía allí. Cuando lo supo; puso un candado a la puerta para evitar que aquellas personas que no conocía pudieran acceder a la vivienda de su propiedad.
«Apenas hicimos eso apareció un supuesto movimiento de inquilinos liderado por (el entonces candidato a diputado por el oficialismo) Rigel Sergent (…) y ese grupo de personas; junto con otras personas del movimiento de inquilinos y otras personas del edificio procedieron a reventar las puertas del apartamento y las destruyeron», explica.
En ese caso y tras una disputa judicial consiguió que no entraran a su vivienda; algo que no logró en los otros apartamentos, de los que sigue pagando el mantenimiento para evitar una expropiación legal y advierte: «Sencillamente, me voy a arruinar».
El riesgo de perderlo todo, como Mariñas, de arruinarse. Son dos casos entre muchos de propietarios de talleres o viviendas que temen que el nuevo Parlamento extienda las redes de la ocupación en toda Venezuela y sean todavía más quienes se queden sin nada.
En Conexión/ EFE
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