El viernes, un juez federal de Texas dictaminó que el DACA es ilegal. El programa DACA fue creado por el presidente Barack Obama en 2012 para proteger a las personas que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños sin permiso legal.
El estatus DACA permite que las personas permanezcan en el país y trabajen o asistan a la escuela sin temor a ser deportadas. Muchos destinatarios se conocen como «soñadores».
El juez del Tribunal de Distrito, Andrew Hanen, ordenó que dejen de aprobar nuevos solicitantes de DACA, aunque permitió que los participantes actuales mantengan y renueven su estado por ahora.
Aproximadamente 640.000 inmigrantes se benefician del programa, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Por su parte, el liberal Center for American Progress dice que aproximadamente 254.000 niños tienen al menos un padre que depende de DACA.
Ángel Leal, abogado de inmigración, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“El juez Andrew Hanen decidió que el programa DACA es ilegal y, por ende, emite una orden judicial permanente que impide al gobierno federal aprobar nuevas solicitudes al programa DACA. El juez determina que el programa es ilegal, porque aunque tiene un componente de acción diferida, también concede beneficios como el permiso de trabajo y considera que viola la ley de procedimientos administrativos. En ese sentido, perjudica a los estados que presentaron la demanda, incluyendo el estado de Texas”, dijo Leal.
No obstante, el abogado afirmó que las personas que ya gozan de la protección de DACA, que son residentes y tienen permiso de trabajo, lo que seguirán recibiendo. “Es decir, los más de 600.000 jóvenes seguirán protegidos bajo este estatus. No era justo eliminar los beneficios y la protección de golpe”.
La medida solo aplica para las nuevas personas que pretendían beneficiarse con el programa DACA para poder trabajar y estudiar en Estados Unidos.
“Por el momento, aquellas personas que tienen la protección de DACA la seguirán teniendo. La Casa Blanca ya comunicó que van a apelar la decisión en el quinto circuito de apelaciones para que llegue a la Corte Suprema. El Departamento de Seguridad Nacional también podrá rectificar el programa para que se pueda considerar legal”, agregó Leal.
Para el experto, la administración Biden apelará la orden judicial permanente y la base legal, por la cual se declara el programa ilegal. “Por tratarse de una Corte Federal, la decisión si tiene alcance nacional”.
Los argumentos del juez son de tecnicismos jurídicos y administrativos, pero de fondo está un problema social que está afectando a una gran cantidad de personas que veían a Estados Unidos como su país y ahora están en el limbo.
“Lo que el juez argumenta, es que desde el punto de vista legal era una concesión de acción diferida generalizada. Es decir, la decisión argumenta que no hubo un solo caso al que no se le haya concedido el beneficio. El juez considera que eso es materia de la rama legislativa y no a la rama ejecutiva. Ahora son 600.000 personas que no conocen a otro país, que laboran en trabajos esenciales y ahora están en el limbo. La expectativa es que aprueben un proyecto de ley limpio para los soñadores o un proceso de conciliación presupuestaria en el Senado, para establecer un camino al estatus permanente”, explicó el abogado.
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