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«Se puede concluir que el poder judicial venezolano no cuenta con independencia, transparencia, seguridad ni eficacia», afirmó el comisionado por los Derechos Humanos del gobierno interino de Juan Guaidó, Humberto Prado

Este 14 de julio se publicó el segundo informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela por parte de la Alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

El documento se centró en el derecho al acceso a la justicia y las violaciones de los derechos humanos relacionados con la minería. Es la primera vez que la oficina de la ONU de derechos humanos trata la violencia que sufre la población infantil en el estado Bolívar. El informe destaca las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en las zonas mineras del país.

El comisionado para los derechos humanos del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, Humberto Prado, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.

«Es el segundo informe que emite la oficina de Michelle Bachelet. Fue muy puntual al reflejar la información de torturas, cárceles y con una serie de violaciones de derechos humanos. Es importante que indique que hay un patrón en lo que se refiere a las torturas y a las detenciones arbitrarias. Atiende también el acceso a la justicia, la independencia judicial y todas las violaciones de derechos humanos que se producen en el arco minero y de la situación de las comunidades indígenas», expresó Prado.

Ver más: ¿Cómo identificar al chavismo en la Historia Contemporánea de Venezuela y qué país se avizora en 30 años?: lo explica la historiadora Margarita López Maya

A pesar de que es un nuevo documento que se suma al expediente internacional de violaciones de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, la misma Bachelet indica que hay falta de voluntad política para corregir las acciones que violan los derechos humanos.

«Se puede concluir que el poder judicial venezolano no cuenta con independencia, transparencia, seguridad ni eficacia. Cuando hablamos de imparcialidad y autonomía, es cuando un juez es totalmente autónomo y no sigue lineamientos. En Venezuela los jueces siguen los lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia y algunos ni siquiera cumplen los requisitos para ser jueces. Para que esto se soluciones tiene que haber un cambio de gobierno, que a su vez reforme todas las áreas», agregó el comisionado para los derechos humanos por el gobierno interino de Juan Guaidó.

América Digital

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