El FBI ejecutó el lunes una orden de allanamiento en la residencia del ex-presidente Trump en Mar-a-Lago. No está claro qué evidencia específica buscó el FBI de Trump, pero es necesario entender el proceso que ha se ha dado en esta cadena de hechos.
Para ello hay que echarle una mirada a la Ley de Registros Presidenciales, qué es y cómo llegó a ser. Después de que el expresidente Nixon se negara a entregar los registros de la Casa Blanca durante el escándalo de Watergate, el Congreso en 1978 aprobó una ley que exige a los presidentes preservar todos los materiales históricamente relevantes.
La Administración Nacional de Archivos y Registros,(NARA), que supervisa el proceso, revisa los documentos para determinar cuáles se pueden hacer públicos y cuáles se deben redactar en función de una serie de factores, que incluyen, entre otros, «el interés de la defensa nacional o de política internacional».
En este sentido, Un presidente solo puede destruir un documento si recibe permiso de los Archivos para hacerlo.
Celia Mendoza periodista de la Voz de América abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“La gran pregunta es qué contienen las 12 cajas de documentos que sacó el FBI. De hecho, el ex-presidente informó por redes sociales que nadie de su equipo estuvo presente. El Departamento de Justicia se ha mantenido al margen de hacer cualquier tipo de comentarios, ya que es una investigación abierta, lo que ha llevado a muchas especulaciones, en especial por parte a los que apoyan profundamente a Trump. Ellos ya han comenzado con una narrativa diciendo que es una evidencia falsa”, dijo Mendoza.
Sin embargo, la periodista afirmó que el Departamento de Justicia y el FBI tuvieron que presentar evidencia contundente a un juez para que se les otorgara la orden de allanamiento.
“Existe una preocupación, porque pueden existir documentos que fueron removidos y tendrían implicaciones de seguridad nacional”, agregó.
La reportera informó que hasta el momento todo lo que se pueda decir sobre los documentos son conjeturas, porque no tenemos la evidencia.
“No obstante, podemos recordar y se puede hacer un paralelismo, y son los correos electrónicos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, y un juez ordenó remover su computadora porque había evidencia de qué se violó un parámetro, pero no se realizó un crimen. Ahí es donde está la diferencia. Hasta este instante, al ex-presidente no se le han presentado cargos oficiales, pero para eso se necesita una investigación más extensa. Lo que se sabe es que el FBI y el Departamento de Justicia, necesitarían evidencia contundente y que no deje dudas. Una investigación criminal podría llevar a penas de años de cárcel y eso es lo que pone la situación complicada”, explicó.
No es la primera vez que se le compara a Donald Trump con Richard Nixon. De hecho, el caso por el que su casa fue allanada es gracias a una ley que se promulgó a raíz del caso de Watergate.
“El ambiente y las consecuencias han sido distintas para lo que fue Richard Nixon y para lo que se le está presentando en este momento a Trump, ya que ha mantenido el apoyo republicano a pesar de las audiencias del 6 de enero. Hemos visto en las últimas horas un apoyo contundente de la base republicana y afirman que puede ser una cacería de brujas. La cuestión, es que podría haber implicaciones de seguridad nacional y eso es lo que realmente que unidades de contraterrorismos pudieran estar involucradas”, acotó.
Mendoza señaló que otro aspecto clave es que se han publicado imágenes donde se muestran donde el ex-presidente rompía papeles y los lanzaba al inodoro para deshacerse de ellos.
“Todo lo que escriba el presidente, pertenece al Archivo Nacional. En el caso de Trump manejaba las cosas distintas”, añadió.
Finalmente, en cuanto a las fuertes críticas que los republicanos han lanzado contra el Fiscal General, Merrick Garland y el presidente Joe Biden, la periodista destacó que el Departamento de Justicia no ha respondido porque mantener la independencia de poderes es fundamental.
“Hace unas semanas el Fiscal General, Merrick Garland, afirmó que nadie estaba por encima de la ley en los Estados Unidos”, puntualizó.
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