El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este lunes replantear la prohibición impuesta bajo la administración Trump de los conocidos como aceleradores de disparos, con los que se consigue, por ejemplo, que los rifles semiautomáticos disparen hasta cientos de ráfagas por minuto, tal y como habían demandado los colectivos partidarios de flexibilizar las leyes de armas.
El Supremo, de mayoría conservadora, ha decidido no escuchar siquiera las alegaciones que tenían preparados los demandantes, Clark Aposhian, un lobista de las armas de Utah, y varios colectivos y grupos defensores del derecho a las armas, como Gun Owners of America (Propietarios de Armas de América).
Timothy Lytton, profesor de Geoorgia State University y especialista en leyes, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“La Corte Suprema de Justicia rechazó un desafío legal de aceleradores de disparos, esto viene desde un tiroteo masivo de Las Vegas en 2017. El Departamento de Justicia cambió la definición de los aceleradores por ametralladoras. Había un desafío legal contra esta prohibición en el estado de Utah y otro en Michigan, pero las cortes bajas rechazaron ese desafío y la Corte Suprema también”, dijo Lytton.
El experto también señaló que la Corte Suprema de Justicia prevé que la segunda enmienda protege el derecho de mantener y portar armas para uso común y legal.
“Esa es la frase clave. Nosotros pensamos hasta ahora que una ametralladora no es de uso común y legal. La Corte Suprema nos da una señal que la segunda enmienda no alcanza para proteger a tener una ametralladora ni un acelerador de disparos”, explicó.
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La medida no deja de sorprender, porque actualmente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos está conformada por jueces conservadores que se inclinan hacia la derecha.
“Lo que está pasando es que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema han ampliado sus límites del derecho a portar armas, pero al mismo tiempo mantienen una barrera en armas legales e ilegales. No obstante, no está muy claro el principio antes de eso”, acotó el experto.
Finalmente, Lytton destacó que la Corte Suprema intenta balancear el derecho de portar armas y la necesidad de seguridad pública.
“Realmente, lo que es legal e ilegal está en manos de la Corte Suprema y eso nos deja en una situación donde hay mucha discreción. Estamos en una posición de saber que piensan los magistrados dentro de la corte”, puntualizó.
