Al estilo de Nicaragua, Nicolás Maduro estaría buscando las opciones ilegalizar las ONG en Venezuela, algo que preocupa a sectores políticos y de la sociedad civil.
Rafel Uzcátegui, coordinador general de Provea, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Lamentablemente, se está materializando una amenaza que estaba latente, que era la conformación en la Asamblea Nacional ilegítima, de una ley para restringir y recriminar la recepción de fondos por parte de organismos internacionales para la labor de sociedades civiles independientes. La cooperación internacional no solo la recibimos las organizaciones de derechos humanos, sino también las universidades y algunos medios de comunicación como los portales de investigación independientes. Esto va a afectar a todos los que necesitamos esta herramienta para seguir ayudando a los venezolanos en esta difícil circunstancia”, indicó Uzcátegui.
El especialista señaló que es una ley que tiene por nombre Ley de Cooperación Internacional.
“Nosotros, sin embargo, la llamamos como una ley antisolidaridad internacional, porque tiene un nombre engañoso, tal y como fue la ley para prevenir el odio, que lo que hace precisamente es todo lo contrario”, explicó.
El analista manifestó que la ley de Cooperación Internacional tiene algunos problemas.
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“Por ejemplo, califica al Grupo de Lima como el Cartel de Lima, ese es el tono en la que fue escrita. También se habla de los enemigos internos y de las personas que están desestabilizando al gobierno. En el cuerpo de leyes hay tres problemas. El primero es que se crea una suerte de carnet de la patria para las organizaciones, lo que interpretamos como un mecanismo de control social. La segunda dimensión del problema, es que el gobierno intenta crear un fondo para que sean las autoridades actuales las que reciban la cooperación internacional y ellos son los que distribuirán los recursos. En tercer lugar, se dice que se va a eliminar o ilegalizar a cualquier organización que de manera directa e indirecta apoye las sanciones contra Venezuela”, expuso.
Para el coordinador general de Provea, lo que el régimen de Maduro intenta es asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil.
“El gran referente que tenemos es el de Nicaragua, donde se han ilegalizado a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a organizaciones de derechos humanos”, apuntó.
Finalmente, Uzcátegui destacó que esta acción tiene que ver con una factura por cobrar del régimen de Maduro.
“Todo tiene que ver con el trabajo que hemos hecho para se abra la investigación de la Corte Penal Internacional. Nos intentan silenciar y comprometer nuestra labor, pero seguimos comprometidos con el bienestar dentro de Venezuela. Lo que temo, es que en este preciso momento donde la inequidad ha aumentado tengamos menos herramientas para ayudar a los venezolanos”, puntualizó.
