Esta semana el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) debe votar una resolución liderada por seis países de la región que impulsan la continuidad del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), que ha elaborado informes en los que concluye que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Ecuador son los países que promueven la resolución.
Alí Daniels, abogado y codirector de Acceso a la Justicia, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Si no se llega a prorrogar el mandato de la Misión, se pierde un instrumento único para investigar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país. El alcance de los informes ha sido cada uno más demoledor que otro, y se han realizado con una metodología muy específica de acuerdo con el Estatuto de Roma y siguiendo las pautas que el derecho internacional da para investigar estos crímenes. La Misión es una herramienta muy útil para que la fiscalía de la Corte Penal Internacional las pueda usar en la investigación que está llevando a cabo con respecto a Venezuela. Solo por esto, ya es necesario que la misión continúe, porque todavía queda mucho que investigar”, dijo Daniels.
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Para el experto, se espera que la Misión de Determinación de Hechos sea renovada, ya que tiene una propuesta muy firme.
“Se trata de casos que la Misión va analizando uno por uno. Es decir, son entrevistas personales con víctimas, familiares de víctimas y abogados, pero eso no quiere decir que sean todos los casos. Estamos hablando que en Venezuela, cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, los números no son solo 200 personas, son miles de casos. Además, en las regiones hay muchos más. Desde el año 2014, existen evidencias que demuestran que hay una gran escala de crímenes de lesa humanidad”, indicó.
Finalmente, el abogado destacó que el propio informe señala que en el Arco Minero hay muchísimo que investigar en casos de trata de personas y en materia de esclavitud sexual.
“Tanto queda por investigar, que este informe ha sido objeto de una férrea censura en Venezuela donde prácticamente ningún medio de señal abierta lo han reseñado. La mitad de la población no se ha enterado que existe el informe”, puntualizó.
