¿Por qué el régimen de Maduro arremete contra las organizaciones de la sociedad civil?: Coordinador general de Provea, Rafael Uzcategui, lo explica

Más de 600 organizaciones civiles exigen al régimen de Nicolás Maduro derogar la providencia número 001-2021, publicada en la Gaceta Oficial 42098, que precalifica a las ONG de terroristas.

Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, amplió la información en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.

“Lo que se intenta hacer es aumentar los mecanismo de control y división de la sociedad civil. Se está impulsando un registro de la delincuencia organizada y terrorismo que nos obliga a entregar datos muy sensibles. Es inaceptable decirle a los victimarios cuáles son las víctimas que lo están denunciando. Este comunicado es lo primero que hay que denunciar. Nosotros no vamos a firmar nada ni a entregar ninguna información. Lo haremos como un acto de desobediencia y asumiremos las consecuencias”, dijo Uzcategui.

Para el director de Provea, algunas de las consecuencias que podrían sufrir las organizaciones que no entreguen la información pueden varias.

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“Según la normativa, las penas pueden variar de 2 a 20 años de cárcel. Otras cosas que pueden ocurrir es que se le quite la personalidad jurídica a las organizaciones y queden ilegales. Es una situación de gravedad. Debemos decir, que en ningún momento haremos algo que ponga en riesgo a las víctimas de derechos humanos”, aclaró.

Uzcategui señaló que desde Provea esperaban este tipo de acciones desde el año pasado.

“Es algo que preveíamos luego que se logró neutralizar a la clase política. Este año es muy importante porque la Corte Penal Internacional afirmó que para el segundo semestre, tendría un dictamen final respecto al país. Lo que está sucediendo es consecuencia de eso. Nos están cobrando la observación internacional gracias a las denuncias de la violación de derechos humanos”, agregó.

Para el director de Provea es posible que algunas organizaciones que se dediquen a la ecología a la alimentación se registren en el listado porque no repercute en sus actividades.

“La situación es distinta para una organización de derechos humanos. Muchas organizaciones del país estamos en contra de acatar esta norma”, puntualizó Uzcategui.

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