Al menos 68 defensores de los derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, según reveló un informe del Gobierno.
“Lamentamos todas las muertes, y luchamos para que esto no suceda, y trabajamos todos los días para salvar vidas. Es una dedicación total a la causa de la justicia y a proteger la vida de los mexicanos», indicó López Obrador este lunes.
De las muertes, siete periodistas y dos activistas de derechos humanos estaban en un programa de protección del Gobierno. El Ministerio del Interior indicó que hasta la fecha hay 1.478 beneficiarios del programa.
Margarita Campuzano, directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Lo primero que hay que decir es que en México esta situación es crónica. Es decir, no es exclusiva de este gobierno, sino que llevamos décadas con un problema en México con ataques a las personas de derechos humanos. En el Centro Mexicano de Derecho Ambiental llevamos ocho años documentando estas situaciones. A lo largo de estos años hemos documentado más de 450 ataques a los defensores de derechos humanos y periodistas”, indicó Campuzano.
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La experta afirmó que en la CEMDA se dedican a monitorear los ataques que reciben los defensores de los derechos ambientales.
“Desgraciadamente en esta administración, la situación no se ha podido revertir, porque los elementos sistemático que han dado pie a estas situaciones continúa. Tenemos una gran disputa en México por el territorio y los recursos naturales. También hay una desatención del estado en cuanto al cuido del medio ambiente. Se han desmantelado los presupuestos que van destinado a las garantía de los derechos humanos y eso es una realidad en todos los gobiernos”, añadió.
Para Campuzano no hay una atención franca por parte del estado en estos temas.
“No se ha entendido que tenemos muchos conflictos socioambientales en México. Hay extracción ilegal, minería, hidrocarburos, petróleo, desarrollos turísticos y todo esto presiona mucho en el medio ambiente. Como estado debemos garantizar la seguridad del territorio a cada persona”, añadió.
La directora de comunicación del CEMDA la clave de toda la situación es por la impunidad que existe en el sistema judicial mexicano.
“En México los delitos no se persiguen ni sancionan. Por eso hay un patrón de agresión y estigmatización. En este sentido, el nivel de violencia va escalando hasta el asesinato. En ningún momento las personas reciben la protección del estado”, puntualizó.
