«Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello», indicó Maduro al encabezar un Consejo de Estado.
Como vicepresidenta de la comisión nombró a su esposa, Cilia Flores, y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Suárez Anderson.
El mandatario hizo este nombramiento luego de señalar que en Venezuela «hace falta» la construcción de una «revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional».
Juan Manuel Raffalli. Abogado especialista en Derecho Constitucional, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Es difícil conocer la motivación de esta comisión. Realmente el poder judicial no puede estar más sumiso al poder venezolano. La justicia al servicio de la revolución ha ido creciendo. El problema que hay en Venezuela es que el poder judicial no ha fungido como controlador de la justicia y la legalidad de los actos del poder público. La pregunta que se hace si todos los jueces son sumisos, que hay detrás de esto. Es un tema de ganar apariencia para buscar legitimidad o es un ajuste de cuentas entre ellos mismo. Quizás vengan decisiones polémicas”, dijo Raffalli.
Lo que llama la atención es que Diosdado Cabello será la cabeza de la comisión, un individuo que no es abogado y no tiene conocimientos de leyes. Es un militar que tiene acusaciones de violación de derechos humanos, torturas, corrupción, narcotráfico y su cabeza tiene precio internacionalmente.
“Todo parece indicar que es un tema de empoderamiento. Se le está dando el poder a la primera combatiente y se le da un espaldarazo a Cabello. No sé qué problemas hay dentro del régimen, pero el poder judicial está podrido”, agregó.
Para Raffalli un factor importante es que quien nombra la comisión es el propio Nicolás Maduro en el Consejo de Estado.
“Esa comisión no tiene competencia para hacer nada en el poder judicial. Lo que pudiera hacer es darle unos lineamientos a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia, que es el gobierno del poder judicial”, explicó.
Mucho se ha dicho que todas las acciones del gobierno están dirigidas para cambiar la postura de la Corte Penal Internacional.
“Los delitos de lesa humanidad y la responsabilidad de la justicia internacional es objetiva y personal. Nada de lo que hagan de aquí en adelante, borrará la responsabilidad de los delitos que cometieron. Esto puede mejorar la imagen del régimen para ganar estabilidad política, pero no tendrá ningún impacto en la decisión de la CPI”, puntualizó.
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