La Corte Suprema inicia este martes la revisión de las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, enfocadas en aquellos extranjeros que han cometido crímenes y constituyen una amenaza para la seguridad pública, fronteriza y nacional de Estados Unidos.
En julio, el máximo tribunal de justicia no le permitió a la administración Biden implementar el nuevo protocolo anunciado a finales de septiembre del año pasado, pero la decisión fue congelada a nivel nacional hasta que los magistrados revisaran la política. Una decisión final de la Corte Suprema demorará hasta el verano del 2023.
El periodista Jorge Cancino, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Es una revisión bastante problemática para el gobierno, porque de alguna manera pone en duda la capacidad del presidente Biden de tomar decisiones en materia de inmigración. El contexto es que durante el gobierno de Obama las prioridades de deportación fueron establecidas en el año 2011, en el cual se dio prioridad a las personas que cometían delitos graves y ponían en reisgo la seguridad nacional, fronteriza y la seguridad pública en el país. Esas prioridades se conservaron durante los dos periodos del gobierno del presidente Obama. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, cinco días después de asumir el mandato, por orden ejecutiva estableció nuevas prioridades de deportación, en el cual criminalizó la estadía indocumentada y prácticamente puso a los once millones de indocumentados en el banquillo de las deportaciones. Incluso, el presidente Trump fue más allá de sus capacidades ejecutivas y les dio poderes extraordinarios a los agentes fronterizos para deportar las personas de acuerdo a su discrecionalidad”, dijo Cancino.
El periodista señaló que con la llegada del presidente Biden se anula esa orden ejecutiva del presidente Trump y regresa a la política establecida por Obama.
“Biden establece que las prioridades de deportación son solo para personas que cometen delitos graves y los convierte en inadmisibles para Estados Unidos. Eso es lo que va a revisar la Corte Suprema, y ver si el presidente de los Estados Unidos tiene la capacidad de dictar cuáles son las prioridades de los extranjeros que pueden ser deportados”, agregó.
El reportero explicó, que lo que alega el estado de Texas y de Luisiana es que el presidente Biden cambió la ley de inmigración.
“Ellos argumentan que la ley de inmigración exige que las personas que tengan ordenes de deportación vigente deben ser deportadas, sin importar las razones. El criterio del gobierno de Biden, es que muchas de esas órdenes de deportación fueron emitidas por errores en notificaciones y no se presentaron en los tribunales”, añadió.
Finalmente, Cancino destacó que la Corte Suprema ya falló preliminarmente en este caso, a favor de los demandantes de Texas y Luisiana, con una votación de 5-4.
“Ya el gobierno de Biden tiene un voto en contra. Los analistas afirman que la revisión de este caso sea negativa para el gobierno, lo que complicaría la política migratoria del presidente Biden. Todas las personas que tienen una orden de deportación estarán en el banquillo de deportaciones y además el 21 de diciembre de este año está obligado a eliminar el Título 42, y el gobierno federal no tiene capacidad de respuesta para atender todos los casos de asilo”, puntualizó.
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