La Administración de Joe Biden reconoce estar desbordada por el creciente número de menores que llegan sin un adulto a la frontera sur. Esto ha generado una crisis migratoria. Ante este escenario, el gobierno ha movilizado a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencia (FEMA) para que apoye al Departamento de Seguridad Nacional durante los próximos 90 días.
César Miguel Rondón amplió la información con el editor principal de inmigración de Univisión, Jorge Cancino.
“Hay una situación difícil con una crisis que muchos están denominando que la generó el gobierno de Biden. Sin embargo, algunos expertos consideran que esta es la misma crisis migratoria que se generó en 2013, pero ahora se ha intensificado por la pandemia, los diversos huracanes que han azotado a Centroamérica y el desarme de toda la infraestructura que desmontó el gobierno de Trump. Todos esos factores son los que le están generando este problema al gobierno de Biden”, explicó el periodista.
Cancino también señaló que uno de los aspectos importantes en el tema, es que desde que Biden ha comenzado a revertir las políticas migratorias de Trump, ha vuelto a entrar en vigor el Acuerdo Judicial Flores de 1997.
“Ese acuerdo determina de qué manera los Estados Unidos deben atender a los menores de edad que llegan a la frontera. Este acuerdo establece fechas para que las personas estén detenidas bajo el cuidado de la policía fronteriza, y luego pasen a manos del departamento de salud de FEMA.”, indicó el especialista en temas migratorios.
Para el periodista las políticas migratorias de Trump son las responsables de la actual crisis.
“El gobierno de Trump dedicó recursos a reprimir inmigrantes y retiró todo el personal. Ahora, el gobierno de Biden necesita la infraestructura para atender y albergar a los menores de edad que ya no existe. Esto está generando la crisis en la frontera”, dijo Cacino.
El presidente Biden ha dado un plazo de tres meses para resolver la crisis migratoria.
“Cuando un niño es detenido debe comenzar el proceso de deportación. En las primeras 72 horas el niño debe sumar todas las protecciones de seguridad y ahora de bioseguridad. Las personas deben ser amparadas mientras que continúa el proceso de deportación y el gobierno les debe ofrecer asesoría legal. También hay que hacerles evaluaciones psicológicas y físicas, eso es lo rico del debido proceso”, puntualizó el periodista.
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