Hace varios días, un tribunal distrital estadounidense aprobó un calendario de subasta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum, que podría forzar la ruptura de la compañía de refinación propiedad de Venezuela, para que el Estado venezolano se ponga al día con Crystallex.
Se trata de una deuda de 970 millones de dólares que corresponde al saldo pendiente por un juicio de expropiación de Las Cristinas, una mina de oro cuya explotación era manejada por Crystallex en Venezuela, que el gobierno de Hugo Chávez expropió en el 2011.
La orden del juez de distrito de Estados Unidos Leonard P. Stark establece los procedimientos de licitación y venta, la contratación de la banca de inversión Evercore Group y la necesaria consulta al Departamento del Tesoro estadounidense para cualquier decisión sobre el cambio de propiedad de los activos.
Todo esto es porque a pesar de la decisión judicial, no se puede proceder a la venta sin antes contar con un permiso de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro, debido a las sanciones impuestas por Washington a Venezuela desde el 2014.
El cronograma estipula un periodo de seis meses, hasta abril del 2023, para consultar con la OFAC el procedimiento.
Este fallo sentaría un precedente jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones pendientes con cargo a los activos de Venezuela en el exterior.
CITGO está valorada en unos 12 mil millones de dólares y la deuda a Crystallex es de 970 millones, de acuerdo con la orden judicial. Pero no son los únicos. Los reclamos de las deudas se estiman en 160 mil millones de dólares.
Si a partir de enero 2023, Juan Guaidó no tiene reconocimiento como gobierno interino y en consecuencia la Oficina del Tesoro de EEUU (Ofac) retira las protecciones a la empresa por las sanciones judiciales, los acreedores podrían ejecutar las órdenes de subastar las acciones de la empresa para saldar las deudas.
Sin la protección de la OFAC, el 50,1 % de los activos de Citgo que el Estado venezolano puso como garantía a los bonos en 2017, podría ser embargado.
¿Qué significa para los venezolanos esta pérdida? ¿Qué representa para Estados Unidos esta posibilidad? ¿quién o quiénes se beneficiarían?
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