Este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España reprendió a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de ese país, por sus declaraciones en contra de la sentencia impuesta a la diputada de podemos Isa Serra; condenada a 19 meses de cárcel por su intervención en un desahucio en 2014.
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El Tribunal Supremo de Justicia castigó a Serra por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños.
Sin embargo, tras conocer el veredicto, la opinión de Pablo Iglesias no se hizo esperar. A través de su cuenta de twitter el líder escribió: «Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia».
Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso pic.twitter.com/7HQywOxiKk
— Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) April 22, 2020
En una entrevista con César Miguel Rondón, para su programa Día a Día, María Luisa Alonso, miembros del partido Ciudadanos y exdiputada al Congreso español, consideró que Iglesias sigue actuando como si fuera parte de la oposición, a pesar de que ahora es un funcionario del Gobierno.
«Sigue con su estrategia de dinamitar las instituciones y especialmente la judicatura y el Poder Judicial».
Alonso aclaró que además no fue solo un tweet. También en una conferencia de prensa de este jueves, Iglesias puso en tela de juicio la imparcialidad de quienes ejercen la ley española.
«Al Consejo no le quedó más remedio», sostuvo. Alegando que el reproche de la justicia es que estar yendo constantemente en contra de las instituciones, no favorece a la democracia.
En el comunicado publicado por el CGPJ, se expresa que el tono del vicepresidente segundo fue «inapropiado» y además, textualmente se apela a la «mesura y responsabilidad», para evitar que se cuestione «la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los jueces y magistrados estatales.
