El abogado Benji Espinoza, defensor del presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este martes que planteará una «tutela de derechos» si la Fiscalía de su país no acepta su pedido de declarar la «nulidad absoluta» de una investigación abierta en contra del mandatario dentro de una presunta trama de corrupción.
«Si es que la Fiscalía no estimara nuestra nulidad esto abre paso a la tutela de derechos y llevó la discusión ante el Poder Judicial», anunció el abogado tras entregar su solicitud de «nulidad absoluta» en la sede del Ministerio Público.
Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aseguraba este domingo la necesidad de ampliar la investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, informado el Ministerio Público.
Diana Seminario, analista político, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“El tema es claro y concreto. Hay colaboradores eficaces que señalan al presidente Pedro Castillo de formar parte de una trama de sobornos, corrupción y de una organización criminal. Castillo sería el cabecilla de ese grupo criminal, lo cual es grave. Y si la Fiscalía de la Nación ha decidido abrir una investigación estando Castillo en el poder, es porque tiene elementos y pruebas que confirmarían esa hipótesis. Ha habido personajes que han declarado públicamente y han sindicado a Castillo como el que recibía dinero por la adjudicación de pruebas”, dijo Seminario.
La analista explicó que un presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo casos bien concretos.
“Sin embargo si puede ser investigado. El Fiscal de la Nación, Pablo Sánhcez, ha sido bien claro en decir que si bien es cierto el presidente tiene una prerrogativa de antejuicio e inmunidad, pero ante todo pesa más el derecho y el deber constitucional de perseguir el delito. Esa es la situación actual y el presidente Castillo y su abogado están tratando de todas las formas posibles de evadir esta investigación”, agregó.
Castillo es acusado de favorecer a empresas para obras públicas.
“En unos audios que se han hecho públicos, se afirma que un ministro de Transporte y Obras Públicas, le dio al presidente un maletín con 100.000 soles para asegurarse el cargo de ministro. En ese Ministerio de Transporte, que las obras son enormes y que el presupuesto es bastante elevado, se habría comprado el puesto para asegurarse las ganancias. Son delitos siendo presidente de la República, no hay nada del pasado”, apuntó.
Seminario también resaltó que se han hecho públicos los audios entre el ex-secretario de la presidencia de la República con Zamir Villaverde.
“Ellos dos, el día 25 de julio, tres días antes de que Castillo asumiera el poder se repartían los puestos y los cargos. Claramente Villaverde le dice que tiene todo arreglado en Transporte y Comunicaciones. Es un escándalo. Ese par también habla del dinero entregado a Castillo”, resaltó.
Para la experta, la Fiscalía de la Nación y su nuevo titular, Pablo Sánchez, ha sido enfático.
“El camino constitucional sería que si el camino avanza en la investigación, la Fiscalía tendría que solicitar al Congreso que se le levante la inmunidad presidencial para poderlo investigar. Luego, el Congreso tendría debatir para inhabilitarlo o suspenderlo del cargo, que es distinto a la vacancia presidencial”, añadió.
Finalmente, Seminario destacó que el camino del Perú es bastante complicado en estos momentos.
“Ahora mismo, solo hay una vicepresidenta, que también está camino a una inhabilitación por firmar documentos a nombre de una institución privada. El proceso contra Castillo puede perdurar un mes, todo depende de la voluntad política”, puntualizó.
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