Detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, ataques, amenazas y agresiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación en Venezuela fueron parte de los principales síntomas de una pandemia caracterizada por la censura durante los 12 meses de 2020.
Según los registros del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, se contabilizaron 374 incidencias que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre pasado, período en el que una fiebre de represión se dio contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país.
Marianela Balbi, Directora Ejecutiva de IPYS, dio detalles de la situación en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Se han sumado elementos nuevos. Una particularidad de la represión de la prensa en Venezuela es que cada año se suman nuevos casos que van confluyendo en un mismo objetivo, que es restringir la libertad de expresión, el derecho a la información pública y cerrar espacios para el libre debate que se aspira en una democracia”, dijo Balbi.
Para la defensora de los derechos humanos, este año con la carencia de los servicios públicos, se sumaron dos asesinatos de periodistas. “Hay más de 130 periodistas heridos. También está el caso emblemático de Roland Carreño, que demuestra las detenciones arbitrarias que demuestra la acción represiva del estado”.
Balbi destacó que los casos, son dos periodistas de radios comunitarias del interior del país. “Vienen del chavismo, pero comenzaron a cuestionar los desmanes de las autoridades locales. Comenzó con amenazas y terminó con la violencia más extrema. Un periodista es del estado Sucre y el otro es del Zulia. En Venezuela no habíamos visto estas dimensiones”.
“La particularidad en todos estos casos es la impunidad. Son casos que no avanzan, no se resuelven y no tienen una resolución judicial”, agregó.
Generalmente, el asesinato de periodistas en América Latina se generaba por denuncias en el área criminal, mafias o carteles. En el caso venezolano, los asesinatos provienen por denuncias políticas.
“Uno de los casos tiene que ver con la fuerza de las FAES. Lo que estamos viendo es una acción que nos preocupa que se pueda iniciar un camino de retaliación política al periodismo libre”, explicó la directora de IPYS.
Con respecto a las amenazas del diputado José Brito al editor de la Gran Aldea, Balbi opinó que “lo que se está viendo es que hay una judicialización en la denuncia periodística en Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia. Ahora se está utilizando el aparataje judicial para ir contra los periodistas”, puntualizó.
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