Justicia cómplice

FA/CMR

La verdad es que con Venezuela uno no deja de sorprenderse. Eso que se conoce como Justicia es la víctima más visible del régimen de Maduro, aunque pretendan aparentar lo contrario.

Este lunes 19 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo nombre resulta una enorme contradicción en relación a sus acciones,  anuló la acusación contra los funcionarios de la  Dirección General de Contrainteligencia Militar, Ascanio Tarascio Mejía y Estiben Zarate Soto, presuntos responsables de la muerte del capitán de Corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo.

¿El argumento?

«En dicho proceso se cumplieron actuaciones que atentan contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito, de acuerdo con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 120 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal”

Por lo que se le concede al Ministerio Público un plazo de 30 días para realizar una nueva investigación y emitir una nueva decisión, que puede ser otra acusación, sobreseimiento o la solicitud de archivo fiscal.

Es decir, se va a realizar todo de nuevo. Pero ¿con qué fin?

Veamos, se utiliza para esta decisión la figura legal del avocamiento de la causa, que procede cuando se considera que hay vicios en el proceso,con la particularidad de que en esta ocasión no fue solicitada por persona alguna.

Según la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, el objeto del avocamiento es traer al más Alto Tribunal de la República » cualquier asunto que por su gravedad y por las consecuencias que pudiera producir un fallo desatinado, amerite un tratamiento de excepción con el fin de prevenir antes de que se produzca una situación de caos, desquiciamiento, anarquía o cualesquiera otros inconvenientes a los altos intereses de la Nación y que pudiera perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades políticas, económicas y sociales consagradas en nuestra Carta Magna.»

No podemos olvidar el impacto que produjo la muerte violenta del capitán Acosta Arévalo, quien fuera detenido el 21 de junio de 2019 por la Dgcim acusado de conspiración e intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro,  y muriera ese mismo año, el 29 de junio, en custodia del cuerpo de seguridad.El día antes de su muerte, la esposa de Acosta, Walewska Pérez, había dicho que su marido estaba siendo torturado por oficiales de contrainteligencia que trabajaban para el régimen de Maduro.

Según el parte oficial, el capitán «se desmayó antes de ser juzgado y posteriormente fue trasladado al Hospital Militar de la base de Fuerte Tiuna en Caracas, donde murió”.

Unos días más tarde, el 4 de julio de 2019, se hizo público el “Informe de Bachelet”, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, “donde se detallaba que en tanto a las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”

Todo lo cual coincidía con la publicación de otro informe. El de la autopsia del Capitán Acosta Arévalo. Escribía el periodista Elides Rojas: “En la información se determina que la causa de la muerte fue «edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado».

«Rabdomiólisis: síndrome de necrosis muscular que presentan las víctimas de terremotos, bombardeos, derrumbes de edificios. Es decir, que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue literalmente aplastado»

Por lo pronto, el Fiscal de la dictadura,  Tareck William Saab dijo que:«En relación con la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia sobre la muerte del capitán Acosta Arévalo, el Ministerio Público volverá a conocer del caso en las próximas horas para precalificar estos hechos que significaron una violación de DD HH»

¿qué hay detrás de esta nueva decisión de volver al principio de todo? Una estrategia de lavado de imagen del régimen con un caso emblemático citado en varios de los expedientes que forman parte del caso venezolano ante tribunales internacionales?

¿Acaso la investigación publicada el 20 de septiembre de este año por Amnistía Internacional?

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirma en esa nueva pieza investigativa que : “Contrariamente al resultado de la investigación de la justicia venezolana, Rafael Acosta Arévalo no murió en un hospital. Fue desaparecido por la fuerza, torturado y murió ante un juez. En este caso no se ha hecho justicia ”

Pero ¿es que acaso hay alguna acción que pueda limpiar la evidencia de sangre que deja un crimen como éste donde el juez, además, es cómplice?