Oposición chilena presenta juicio político contra Sebastián Piñera, tras supuestas irregularidades en venta de megaproyecto minero develadas en Papeles de Pandora.
Nereidina González, corresponsal de Telemundo en Chile, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“Es una situación compleja porque en este momento el presidente Piñera enfrenta una acusación constitucional que le podría costar el puesto. Hay que contextualizar. Todo esto se remonta al año 2010, durante su primer mandato. Cuando llevaba 9 meses en el cargo, sus hijos cerraron un contrato millonario con un amigo de la infancia, Carlos Délano, sobre el proyecto minero Dominga por 138 millones de dólares”, dijo la periodista.
González indicó que el pago se realizó en tres cuotas y que en la investigación inicial el presidente salió absuelto.
“No obstante, con los Pandora Papers apareció un detalle en el documento de compra-venta, donde se conoció que en el último pago estaba estipulado que el terreno donde se iba a construir la industria minera no fuera declarado como reserva ambiental protegida. Eso solo lo puede hacer el presidente. En ese sentido, se abrió otra investigación contra Piñera por delitos tributarios, sobornos y cohecho”, agregó.
Para la reportera eso le complica la situación al presidente Piñera, porque los parlamentarios anunciaron que se iba a presentar una acusación formal en su contra.
“Se ha hecho el sorteo para determinar quiénes conformarán la comisión revisora y quedó integrada por cinco parlamentarios, tres opositores y dos oficialistas. A esto se le suma que todos están en campaña por las próximas elecciones. Se complica todo el escenario político y la idea es realizar toda la investigación antes de las elecciones del 15 de noviembre”, apuntó.
Faltando tan poco tiempo para las elecciones presidenciales y para que Piñera entregue el cargo, pareciera que un juicio político es precipitado.
“Piñera entrega el cargo el próximo año, pero esto es una señal política porque no se quiere pasar por alto el hecho. El presidente ya había tenido una acusación constitucional en 2019 por violación de los derechos humanos durante el estallido social. Ahora estamos en campaña y la oposición quiere dar una señal política, mientras que el oficialismo indica que es un aprovechamiento político para empañar las elecciones”, puntualizó. González.
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