El Congreso de El Salvador decretó la madrugada de este domingo un régimen de excepción con la intención de frenar un «incremento desmedido» de los asesinatos, que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental de seguridad con 76 asesinatos en dos días.
La medida, que había sido solicitada al Congreso por el presidente, Nayib Bukele, desde su cuenta de Twitter el sábado, fue aprobada con los votos de 67 diputados de un total de 84 durante una sesión extraordinaria convocada por el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a pedido de Bukele.
Jaime Ramírez Ortega, docente Universitario, de la materia Derecho Constitucional, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“La capital San Salvador ha sido considerada como una de las ciudades más violentas a nivel mundial. Estamos hablando que los puntos más álgidos de los picos de violencia en el país, fue en el año 2012, cuando el ex-presidente Maurcio Funes hizo como un pacto con las pandillas. En ese contexto podían ver hasta 40 homicidios diarios. En 2015 también hubo un gran pico en la violencia. No obstante ni el presidente Funes, ni Salvador Sánchez Cerén, hicieron uso de esta medida extrema”, dijo Ramírez Ortega.
El experto afirmó que la ley prevé que el régimen de excepción es la última medida que se debe aplicar en una situación de catástrofe, ya que es la suspensión de las garantías fundamentales.
“Es importante entender las decisiones que ha venido tomando el presidente Bukele, a fin de entender cuál es el mecanismo que lo ha llevado a suspender las garantías constitucionales, sobre todo porque Bukele controla todo en El Salvador”, indicó.
El abogado señaló que todos los salvadoreños se preguntan que si el presidente ya controla todos los poderes, por qué toma una medida de esta naturaleza.
“Estamos tratando de entender por qué tomó esta decisión. El gobierno conoce dónde están las personas que toman las decisiones para provocar asesinatos, saben dónde están ubicadas las pandillas. El discurso desde el gobierno es que los opositores están en contra del régimen de excepción porque están a favor de los pandilleros”, agregó.
Con el régimen de excepción se suspende el derecho de asociación, el derecho a la defensa, las comunicaciones, el tiempo de detención queda a consideración de la autoridad, entre otros aspectos.
“Vemos que el régimen de excepción es una situación que flagela a la democracia en El Salvador”, enfatizó.
Finalmente, Ramírez Ortega destacó que la situación es preocupante.
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