La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió ayer al Gobierno iraní que libere a los miles de civiles que permanecen detenidos por su participación en las manifestaciones pacíficas que se producen en el país desde el pasado 14 de septiembre, tras el asesinato de la joven Mahsa Amini en Teherán. Además, las Naciones Unidas también solicitaron una moratoria para la pena de muerte en el país después de que un tribunal de la ley islámica condenase con esta pena capital a un manifestante por «hacer la guerra contra Dios» y por «corrupción en la tierra»
Se trata de la sentencia, hecha pública este domingo 13 de noviembre, a morir en la horca, a un hombre detenido y acusado de participar en las protestas.
Al condenado también se le acusó de “perturbación del orden público, reunión y conspiración para cometer crímenes contra la seguridad nacional”. Fue justamente a él a quien señalaron por “enemistad con dios y corrupción en la tierra”.
¿Imaginen esto? ¿Quién puede determinar esa enemistad? ¿Cómo es esa pena?
Pero el joven no es el único en recibir sentencia.Otro tribunal de Teherán condenó a cinco acusados a penas de cárcel de entre cinco y 10 años, por “perturbación del orden público, reunión y conspiración para cometer crímenes contra la seguridad nacional”
Al mismo tiempo, La ONG HRANA estima que más de 15.000 personas han pasado a disposición policial, temporalmente o hasta el momento, desde el estallido de las protestas, que han costado las vidas de más de 330 personas, entre ellas medio centenar de efectivos de seguridad.
Aunque estas manifestaciones se originan en el crimen cometido contra Mahsa Amini, es importante recordar las raíces antiguas de otras protestas similares.
Desde antes de que se aprobara la ley que hace obligatorio el uso del hiyab (1983), centenares de mujeres reclamaron su derecho a elegir si se ponían el velo o no. En 2017, miles de mujeres participaron en las protestas de índole económica y con esa ocasión desafiaron la nueva ley del velo. Su campaña se conoció como Girls of Enghelab Street (Chicas de la Calle de la Revolución), y aun cuando comenzó a decaer la protesta nacional, su lucha particular prosiguió viva y a principios de 2018 apareció en las redes sociales la campaña #WhiteWednesdays, por la que cada miércoles miles de mujeres cambiaban el hiyab negro por una gasa blanca.
Ahora motivadas por el crimen contra Mahsa salen a la calle a reclamar su derecho a decidir cómo se visten.
Lo increíble es que estas protestas conlleven a miles de acusaciones judiciales. Según las cifras de la Judicatura iraní más de 2.000 personas ya han sido acusadas, casi la mitad de ellas en la capital, Teherán, desde que comenzaron las manifestaciones.
El portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos Jeremy Laurence recordó a las autoridades de Irán en rueda de prensa ayer que «los derechos humanos protegen el derecho de la gente a reunirse pacíficamente y la libertad de expresión».
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