La persecución y criminalización de la disidencia forma parte de una política de Estado en Venezuela, que es encaminada al cierre progresivo del espacio cívico. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró al menos 434 actos de persecución y criminalización, ejercidos por el régimen de Nicolás Maduro durante el primer semestre del año.
Nicole Hernández, investigadora del Centro de Justicia y Paz, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
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“Desde el Cepaz hicimos un monitoreo sobre la persecución y la criminalización. Después del primer semestre del año hicimos el primer corte y nos encontramos con 434 actos de persecución y criminalización. Nuestros registros se hacen a través de la documentación que encontramos en portales y medios de comunicación. En este sentido, se han podido realizar más actos de criminalización. No obstante, hemos logrado captar un patrón contra los periodistas, organizaciones de la sociedad civil, líderes políticos y la población en general. También identificamos patrones sistemáticos como amenazas, hostigamientos, estigmatizaciones, y el uso de la violencia”, dijo Hernández.
La investigadora comentó que entre los casos más emblemáticos están los ataques contra los trabajadores de la prensa, ya que se les ha cerrado una ventana de información a los ciudadanos.
“El caso de El Nacional es emblemático, porque Diosdado Cabello los había amenazado públicamente. En el caso de los líderes políticos podemos mencionar el de Juan Guaidó y su esposa, que han sido amenazados con armas largas”, apuntó.
Para Hernández la criminalización y persecución es una política de estado. “El gobierno de Nicolás Maduro la utiliza para permanecer en el poder. Por eso estos actos se agudizan en contextos electorales”, puntualizó.
