Durante los primeros 6 meses del año fueron documentados 374 ataques que comprometen el derecho a defender los derechos humanos. Esto representa un incremento del 243 % en comparación con el mismo período del año 2020, reveló el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Revela el CDJ que el Estado venezolano continúa ejerciendo acciones contrarias a sus obligaciones internacionales.
Marianna Romero, abogado, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, y coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, amplió la información en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“El estado venezolano desde hace varios años, ha generado una política de criminalización a la defensa y exigencia de los derechos humanos. Esto con el fin de evitar de que se siga documentando, denunciando y visibilizando las distintas violaciones y crímenes que se cometen en el país”, dijo Romero.
Para la abogada, ante los distintos procedimientos internacionales que existen, la lucha contra la impunidad, y el trabajo que las organizaciones, la respuesta del estado es obstaculizar y atacar el trabajo de las organizaciones.
“En los últimos dos años hemos visto con preocupación cómo se ha incrementado esta represión. Las cifras que hemos revelado en los primeros 6 meses demuestran que hay un aumento del 243%. En lo que va de 2021 hemos registrado 374 ataques. Esto evidencia la gravedad con la que el estado está atacando y agrediendo el trabajo de los defensores de los derechos humanos”, añadió la experta.
La lógica dice que si se ha aumentado la represión de los defensores de derechos humanos, es porque se han cometido más violaciones de derechos humanos en Venezuela.
“El estado venezolano en lugar de cumplir sus obligaciones internacionales de proteger, respetar y garantizar derechos, sigue teniendo y tomando medidas de carácter autoritario. Esto se enmarca en el patrón de graves delitos de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La respuesta del estado venezolano es profundizar la política de criminalización, con las que pretende de calificar a los defensores de derechos humanos como enemigos internos”, explicó Romero.
Tareck William Saab era en otrora un defensor de los derechos humanos. Ahora, bajo el cargo de fiscal general, parece ser el principal represor.
“Entre los distintos perpetradores o responsables de la violación de derechos humanos que hemos identificado, entre altos funcionarios del estado, ministros, el fiscal general y el defensor del pueblo, vemos que no cumplen sus mandatos sino que forman parte, bien sean por acción u omisión, de las distintas acciones represivas que se están implementando. Ellos forman parte de la política estigmatización contra las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos”, destacó la abogada.
En cuanto a los últimos acontecimientos como la detención de los directivos de FundaRedes, y la arremetida contra integrantes de Voluntad Popular, Romero resaltó que forman parte del “cierre del espacio cívico en Venezuela”.
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