La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal por las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro.
“El fiscal de la CPI concluyó el examen preliminar de la situación en el país caribeño y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, según reza un memorándum de entendimiento firmado con Venezuela y leído frente a Khan y al dictador Nicolás Maduro.
Marino Alvarado, abogado y miembro de la directiva de Provea, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Nosotros definimos como una decisión histórica y será recordada en Venezuela como uno de los pasos más importantes que nos acerca a la justicia. Esta decisión del fiscal de la CPI viene en primer lugar a ratificar lo que hemos dicho todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos y afirma el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y la Comisión de Determinación de Hechos. Además, esa tragedia que hemos vivido y esas miles de víctimas y asesinados por los cuerpos militares que han quedado impunes, ahora tienen una posibilidad de avanzar en un proceso de justicia”, dijo Alvarado.
Para el defensor de derechos humanos la fiscalía de la CPI también ha dejado en evidencia la enorme impunidad que ha habido y la falta de investigación para determinar los principales responsables de crímenes de lesa humanidad.
“Maduro firmó el acuerdo porque no tenía más alternativas. Este es un gobierno que se ha caracterizado por manejar la justicia a su antojo. No obstante, cuando se encuentran con una corte y un fiscal que actúa de manera independiente, quedan fuera de base. A Maduro no le quedaba más alternativa por las implicaciones que significaría tomar una actitud negativa. No es que haya voluntad por parte del gobierno, es que simplemente quedó en una situación de jaque mate ante la CPI”, agregó el integrante de Provea.
Alvarado enfatizó que mientras estén los actuales jueces del Tribunal Supremo de Justicia, el actual fiscal y defensor del pueblo, no habrá posibilidad de que haya una verdadera justicia en Venezuela.
“Hay dos vías a partir de ahora. En la agenda del diálogo en México está planificada la posibilidad de reformar el sistema de justicia. Es allí donde nos podemos dar cuenta hasta dónde puede haber voluntad por parte del gobierno de producir una reforma del sistema de justicia. Eso lo vamos a medir en los próximos meses. Ahora, si el gobierno sigue actuando como lo hecho hasta ahora, la CPI buscará que los responsables de derechos humanos sean sancionados”, sentenció Alvarado.
Muchos han dicho que hasta que no se les señale directamente a los altos jerarcas del régimen como violadores de derechos humanos, no habrá verdadera justicia en Venezuela.
“Se ha iniciado la fase de la investigación y el corresponde a la CPI identificar a los sospechosos. Hay un avance y es que la Misión de Determinación de Hechos ya ha publicado algunos nombres”, puntualizó el experto.
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