La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó el lunes ante el Consejo del organismo que continúa preocupada por las restricciones, intimidación y criminalización de defensores de los derechos elementales y de los líderes sindicales en Venezuela.
Explicó que el informe se basa en entrevistas con las víctimas así como de reuniones con funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, y coordinadora académica del Centro de DD.HH. de la Universidad Católica Andrés Bello, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Lo primero que debemos decir de la intervención de Bachelet, es que la presentación se dio en el marco de la resolución 452 de la resolución de los derechos humanos, promulgada el mes de septiembre de 2020, la cual le concede un mandato específico a la oficina de la Alta Comisionada en materia de cooperación técnica de este ente junto al estado venezolano. En este sentido, se determinó la necesidad de presentar un informe exhaustivo en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este informe se centró en la situación de los derechos humanos, refleja como la falta de garantías para las condiciones de vida adecuadas en Venezuela, se mantienen debido a fallas de servicios básicos, problemas de derechos ambientales, vulneración de derechos laborales, de los líderes sindicales y de los pueblos indígenas. Esto da continuidad a una emergencia humanitaria compleja”, dijo Romero.
Para la abogada, el informe manifiesta algunos avances en relación a los derechos mencionados, hay que resaltar que la problemática de la crisis socioeconómica en Venezuela se mantiene y se sigue agravando.
“Es necesario la implementación de políticas públicas adecuadas y eficaces que respondan a la garantía de la dignidad humana de todos los venezolanos”, agregó.
Bachelet había manifestado que la eliminación de las sanciones es importante para la recuperación económica del país, teniendo similitudes con la narrativa del régimen de Maduro. Además, la Alta Comisionada mostró beneplácito por las conversaciones que se están llevando a cabo en Ciudad de México.
“Hay que destacar que en el propio informe se destaca que la crisis en materia de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales, es persistente a las sanciones. Si bien la Alta Comisionada hace un llamado al cese de las sanciones sectoriales, hay que destacar que la problemática y la emergencia humanitaria compleja no es producto de las sanciones sino de la mala gestión gubernamental. Cualquier proceso orientado a la solución de la crisis venezolana, debe tener siempre presente la defensa de los derechos humanos”, apuntó la experta.
Romero también indicó que en relación a los presos políticos, Bachelet reconoció algunas liberaciones recientes.
“Hizo nuevamente un llamado para que el resto de las personas que habían sido privadas de su libertad por motivos políticos sean excarceladas. Es importante que esto deba incluir el cese de la judicialización de las personas defensoras de derechos humanos. Es preocupante la criminalización y el hostigamiento contra las personas que defienden los derechos humanos”, apuntó.
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