Ayer se dió inicio a la COP 27, la Cumbre climática mundial de este 2022, donde se dan cita cerca de 110 jefes de Estado tratando de buscar soluciones viables para enfrentar el calentamiento global y sus consecuencias que aunque nos afectan a todos, dejan cada vez más devastación, particularmente, en países económicamente vulnerables.
El enviado climático del presidente Joe Biden, John Kerry, trae a la mesa de la COP27, una propuesta de créditos de carbono, acuerdos conocidos como “Asociaciones de Transición Energética Justa”, Just Energy Transition Partnership, (JETP), que permitirían que las grandes empresas ayuden a financiar los esfuerzos de las naciones en desarrollo para “descarbonizarse”.
En esencia, los JETP son acuerdos de financiación climática con tres objetivos: 1.) facilitar el desmantelamiento temprano de las centrales eléctricas de carbón; 2.) movilizar capital del sector privado para financiar los esfuerzos de descarbonización; y 3.) ofrecer una “transición justa” para los ciudadanos. Etiquetada como una «plataforma de país», esta forma de compromiso de múltiples donantes emplea un enfoque de todo el sistema para la reforma del sector energético. De esta manera, los JETP buscan ir más allá de la financiación de proyectos individuales y convertirse en algo más que la suma de sus partes.
La idea es que estos créditos de carbono se vendan a las empresas y los ingresos que reciban las naciones en desarrollo se usen para financiar proyectos de energía limpia,
Esta idea viene antecedida por lo acordado el año pasado. En la COP26, Sudáfrica, que depende del carbón, firmó junto con Alemania, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea una Asociación para la Transición Energética Justa (JETP), cuyo objetivo era proporcionar a Sudáfrica 8.500 millones de dólares para poner en marcha sus esfuerzos de transición energética justa. Aunque los fondos reales no han llegado, el gabinete sudafricano aprobó recientemente un plan de inversión JETP que se conocerá justamente en la COP27.
Basándose en el éxito de JETP con Sudáfrica, el G7 ahora quiere lanzar una asociación similar con India e Indonesia, que dependen del carbón.
Según el proyecto estadounidense, que involucra a empresas privadas, los gobiernos regionales o los organismos estatales obtendrían créditos de carbono al reducir las emisiones de su sector eléctrico a medida que se redujera la infraestructura de combustibles fósiles, como las plantas de carbón, y aumentara la energía renovable. Los créditos serían certificados por un organismo de acreditación independiente, aún no especificado. Las empresas podrían entonces comprar los créditos para compensar sus propias emisiones de carbono.
Sin embargo, el uso y comercio de créditos de carbono no está regulado y es una solución polémica al calentamiento global. En teoría, un crédito representa una tonelada de carbono evitada o eliminada de la atmósfera, pero los críticos dicen que no siempre brindan los ahorros de emisiones que prometen.
Por su parte, el jefe de la ONU, António Guterres, advirtió a las corporaciones que eviten una dependencia excesiva de las compensaciones de carbono. Guterres señalaba ayer la necesidad de apoyar a los países y comunidades vulnerables, que están siendo devastados por los impactos mortales del cambio climático, con la menor cantidad de recursos.“Las pérdidas y los daños ya no se pueden esconder debajo de la alfombra…Es un imperativo moral. Es una cuestión fundamental de solidaridad internacional y justicia climática”
¿Cómo se podría evitar que las compensaciones de carbono se conviertan en una licencia para contaminar? ¿Se pueden considerar los créditos de carbono una forma de justicia climática?
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