Afganistán: culpables todos

FA/CMR

Estamos por dar inicio esta semana al mes de Septiembre. Parece que el tiempo ha transcurrido demasiado rápido. El 11 de septiembre de 2021, se cumplirán 20 años de los atentados terroristas en suelo estadounidense, escriben Sarah A Binders y Molly E. Reynolds, en la web del Think Tank, The Brookings Institute, bajo el titulo “20 años después: el impacto duradero del 11 de septiembre en el Congreso” 

“Los ataques alteraron la agenda del Congreso, alentaron aún más a los legisladores a ceder las cuestiones de la guerra a los presidentes y renovaron la postura de seguridad del Capitolio. El aumento del partidismo del Congreso en las últimas dos décadas exacerba estas tendencias, disminuyendo aún más los incentivos de los legisladores para proteger y proyectar sus roles institucionales en la guerra y los asuntos exteriores”

Evidentemente lo primero que ocurrió fue el incremento del presupuesto del Congreso para defensa. “Según el Servicio de Investigación del Congreso, el gobierno federal gastó aproximadamente 2 billones de dólares en fondos de emergencia para apoyar su respuesta a los ataques del 11 de septiembre; Otros analistas calculan los costos en más de $ 6 billones…Dos décadas después, el Congreso todavía otorga un tratamiento especial a las demandas fiscales de la guerra del gobierno contra el terrorismo”.

Quizás la consecuencia más visible ha sido la de ceder la conducción y el poder de manera expansiva, de las operaciones militares y guerras, al Presidente, situación que resulta conveniente a muchos legisladores y representantes que de esta forma no dan cuenta o se responsabilizan de lo que ocurra en ese sentido. Dicen  Binder y Reynolds: “El Congreso y el presidente juntos facilitaron la expansión del poder ejecutivo a raíz del 11 de septiembre al promulgar con abrumador apoyo bipartidista dos autorizaciones para el uso de la fuerza militar (o AUMF) en 2001 y 2002. La primera, aprobada pocos días después del 9 / 11, dirigidos a las «naciones, organizaciones o personas que él determina que planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron a los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, o albergaron a dichas organizaciones o personas». Continúan Binder y Reynolds: “El segundo, adoptado en octubre de 2002, se aplicó a las operaciones militares en Irak. Desde entonces, los presidentes  se han basado en las dos resoluciones para justificar legalmente una amplia gama de acciones militares en el extranjero más allá de las guerras en Irak y Afganistán. La administración Obama citó la medida de 2001 en apoyo de sus ataques aéreos de 2016 en Libia; La administración Trump señaló la resolución de 2002 cuando las fuerzas estadounidenses mataron al general iraní Qassem Soleimani en 2020. 

Justo cuando se está dando la evacuación masiva de los contingentes militares en Afganistán, tras 20 años y varias presidencias en EEUU,  vale la pena recordar esto. Porque mantener sin cambios  las autorizaciones para el uso de la fuerza militar,(AUMF), ha limitado la supervisión del Congreso, a temas de legalidad de las acciones y ha evitado responsabilizar a los presidentes por sus decisiones políticas”

Ahora que la política busca culpables en esta tragedia que ha resultado la evacuación de militares y civiles estadounidenses, así como de sus colaboradores afganos de Kabul, y del fracaso para mantener lejos del poder a los talibanes, cuatro presidentes cuyas decisiones nos llevaron a esta encrucijada, no serán sentados en el banquillo de los acusados.