La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Acnudh) lamentó este miércoles la muerte en prisión del militar venezolano, Raúl Isaías Baduel, considerado «preso político» desde su detención en 2009, y solicitó a las autoridades venezolanas que «garanticen una investigación independiente».
Por su parte, La organización Amnistía Internacional también exigió este martes el esclarecimiento de la muerte del militar venezolano y denunció que pasó años detenido en «condiciones inhumanas».
Hay que destacar que la ONG Foro Penal, ha contabilizado a 10 presos políticos que han muerto bajo custodia del Estado: Rodolfo González, Carlos Andrés García, Rafael Arreaza, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arévalo, Pedro Pablo Santana, Salvador Franco, Gabriel Medina Díaz, y Raúl Isaías Baduel.
Lilia Camejo, abogada, defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Mencionar que Baduel murió bajo la custodia del Estado es absolutamente relevante, porque lo establece el Protocolo de Estambul, que dice que toda persona que está privada de libertad bajo la custodia del Estado, es responsabilidad del Estado su integridad física y debe asumir su responsabilidad en cuanto los temas de salud y reclusión. Es por ello que nosotros resaltamos en todos los casos, que las personas han fallecido bajo la custodia del Estado”, dijo Camejo.
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Para la abogada, la responsabilidad primaria de la muerte del general Baduel la tiene el Estado venezolano. No obstante, el fiscal general, Tareck William Saab, afirmó que la causa de la muerte fue el COVID-19.
“A mi criterio, que la causa de la muerte haya sido el COVID-19, no libra al Estado de la responsabilidad. Creo que fue una información a priori. Según las declaraciones de una de las hijas del general, la hora del examen forense es posterior a las declaraciones del fiscal. En este sentido, se debe indagar qué fue lo que ocurrió con el general. En el caso que Baduel hubiera padecido de COVID-19, el Estado debió trasladarlo a uno de los centros de salud e informar directamente a su familia y los abogados”, añadió.
El caso del general Baduel no es único. Hasta el momento, se contabilizan 10 personas que han muerto bajo la custodia del Estado, y en algunos casos ha sido por tortura, como el capitán Rafael Acosta Arévalo o el concejal Fernando Albán.
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“No es secreto para nadie, porque los familiares y sus abogados venían denunciando que el general tenía padecimientos de salud. Ahora bien, no solo el general Baduel, hemos denunciado durante mucho tiempo que los militares presos padecen de patologías que no han sido atendidas durante su tiempo de reclusión. Tenemos un registro de 35 oficiales institucionales privados de libertad que requieren atención médica especializada”, apuntó la defensora de derechos humanos.
Camejo enfatizó que los militares privados de libertad están padeciendo situaciones delicadas de salud.
“Los hemos denunciado ante las instancias nacionales e internacionales, pero se hace caso omiso porque no hay coordinación entre los tribunales o los órganos de seguridad. La solicitud es que se debe atender. No se puede permitir que ocurra un caso más como lo del general Baduel o como lo del capitán Acosta Arévalo”, sentenció.
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