Atendiendo una demanda entablada por Texas y Louisiana, La Corte Suprema de EEUU, comenzó este martes la revisión de las prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden, enfocadas solo en aquellos extranjeros que han cometido delitos graves. Después de los argumentos, que duraron más de dos horas y se tornaron áspero en ciertos pasajes, no quedaba claro si los jueces permitirían que la medida entre en vigor o bien se inclinarían a favor de los estados gobernados por los republicanos que hasta ahora han logrado bloquearla.
El caso gira en torno a una directriz que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió en septiembre de 2021 que puso en pausa las deportaciones, salvo en los casos de personas que hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “grandes amenazas a la seguridad pública”.
Carolina Valladares, periodista de la Voz de América, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Lo que está revisando la Corte Suprema de Justicia, es una demanda que interpusieron Texas y Louisiana, que son estados republicanos, que consideran que este cambio de la guía de prioridades, va más allá de las facultades ejecutivas del presidente. Ellos dicen que esto va en contra de la ley de migración, ya que cambia las prioridades en los arrestos de las deportaciones, algo que si miramos se estaba haciendo muy frecuentemente durante los últimos años. Con la administración Trump se establecieron otras prioridades, a las cuales cualquier indocumentado podría ser sentado en el banquillo de los posiblemente deportados. Lo que dice la nueva guía es que hay que poner prioridades, porque hay cerca de dos millones de personas en Estados Unidos en situación irregular”, dijo Valladares.
La periodista indicó que la guía indica, que solo las personas que signifiquen un peligro extremo para la seguridad pública y nacional son las que serán deportadas.
“Importante saber, que la guía también contempla que serán deportadas personas que hayan pasado por un proceso judicial anteriormente. Es decir, una persona que haya cometido un delito grave y quede con sentencia firme”, agregó.
La demanda de estos estados busca volver a la norma que impuso la administración Trump, donde cualquier persona indocumentada fue deportada.
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“Lo que están buscando es que la guía nueva que se pasó en septiembre del pasado año, no siga adelante porque ha sido bloqueada. Muchos estados pueden acudir a cortes federales y es lo que estamos viendo. Ahora, los altos magistrados de este país deberán tomar una decisión. Por ahora, la administración Biden ha recibido un revés, porque tienen que saber si los agentes de migración están o no actuando bajo la guía anterior”, explicó.
La reportera manifestó que el estado de Texas reconoce que es potestad del ejecutivo establecer estas guías.
“Hay que mencionar que en estos casos, fueron dos jueces federales quienes han decidido llevar este caso ante la Corte Suprema”, añadió.
Finalmente, Valladares destacó que la ley de inmigración que tiene prevista pasar el presidente Biden, no ha conseguido el consenso necesario en el Senado.
“Le corresponde al ejecutivo establecer esas guías, pero cualquier ley que quiera pasar correspondería al Congreso y al Senado”, puntualizó.
