Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecuci贸n de un plan, orquestado desde los niveles m谩s altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisi贸n de cr铆menes de lesa humanidad, seg煤n un informe de la ONU publicado hoy.
En el presente informe, la Misi贸n internacional independiente de determinaci贸n de los hechos de las Naciones Unidas sobre la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela (MIIV), detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos, e insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
芦Nuestras investigaciones y an谩lisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el pa铆s. Esto conduce a la comisi贸n de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas pr谩cticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley禄, ha declarado Marta Vali帽as, presidenta de la Misi贸n de investigaci贸n de la ONU.
Carlos Lusverti, abogado, consultor para Sudam茅rica de la Comisi贸n Internacional de Juristas y profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Cat贸lica Andr茅s Bello, abord贸 el tema en el programa D铆a a D铆a, conducido por C茅sar Miguel Rond贸n.
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鈥淓ste informe es contundente, tal y como han sido los anteriores. Lo que expresa este informe, es el terrible estado de la situaci贸n de los derechos humanos en Venezuela. Es el resultado de 20 a帽os de erosi贸n del estado de derecho, y este informe en particular, se帽ala la responsabilidad por acci贸n o por omisi贸n la violaci贸n de los derechos humanos y los cr铆menes de lesa humanidad. Esto queda muy claro en este informe, tanto desde la dimensi贸n que se se帽ala con la estructura de represi贸n a la disidencia, y con la situaci贸n del Arco Minero del Orinoco鈥, dio Lusverti.
El experto se帽al贸, que en el caso del Arco Minero del Orinoco, el se帽alamiento fundamental est谩 en la ausencia de medidas para proteger a la poblaci贸n, en especial los pueblos y comunidades ind铆genas que viven en el estado Bol铆var, Amazonas, y el Delta.
鈥淓stas comunidades se ven afectadas en el contexto del control de la zona. Como bien define el informe, en raz贸n a la ca铆da del ingreso petrolero a partir de 2016, la apuesta del gobierno, se enfoc贸 en los recursos mineros, en particular el oro, ha puesto en la mira este territorio y ha afectado directamente a toda la poblaci贸n en la zona, no solo por el impacto ambiental que tiene esta actividad minera irregular, sino por violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas y por el conflicto con grupos criminales鈥, explic贸.
En cuanto a las consecuencias del informe, el abogado sentenci贸 que desde el punto de vista de documentaci贸n de derechos humanos, el informe es contundente, en esclarecer los patrones y las situaciones que existen de violaci贸n de derechos humanos en Venezuela.
鈥淓n Venezuela hay una maquinaria para violar los derechos humanos. Esto da cuenta, adem谩s, a la identificaci贸n de personas responsables de estas violaciones de derechos humanos y eso es trascendental, desde la perspectiva de identificar responsabilidades. A diferencia de la CPI, el proceso de la Misi贸n no determina responsabilidades penales, eso le toca a los tribunales penales internacionales o internos, pero la existencia de este tipo de informes, permite que la comunidad internacional tenga elementos bien documentados que permitan la rendici贸n de cuentas de las autoridades del estado venezolano鈥, acot贸.
Finalmente, Lusverti destac贸 que la pol铆tica del gobierno de Maduro con respecto a la Misi贸n de Determinaci贸n de Hechos ha sido desconocerla.