La corrupción es un fenómeno que lleva más de una década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos. Transparencia Internacional (TI), alertó del deterioro especial en Centroamérica en su Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2021.
Luciana Torchiaro, coordinadora para Latinoamérica y el Caribe de Transparencia Internacional, abordó el tema en el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón.
“En esta edición del Índice de Percepción de Corrupción pudimos comprobar que luego de una comparativa con los últimos 10 años, la región no tiene ningún avance de mejora con respecto a la corrupción. En Centroamérica están los países con puntos más bajos. Es decir, son los países más afectados por la corrupción, junto con Venezuela”, dijo Torchiaro.
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La analista comentó que la corrupción en estos países genera graves violaciones de derechos humanos.
“Un ejemplo, es que la libertad de expresión se ha visto violentada. Las personas que reclaman y levantan su voz en estos países, son penalizadas”, agregó.
Los países mejores evaluados en el índice son Uruguay y Chile, mientras que los más corruptos son Venezuela y Nicaragua.
“La diferencia es que Uruguay y Chile son democracias estables y son sistemas donde la institucionalidad funciona, hay transparencia y menos corrupción. Venezuela y Nicaragua no son democracias. En esos países no hay derechos políticos y las tasas de impunidad son enormes, porque la justicia no es independiente”, explicó.
En el caso puntual de Venezuela, Torchiaro destacó que es un caso triste, porque en los últimos 20 años la corrupción ha penetrado a las instituciones en todos los niveles posibles.
“Vemos un éxodo de venezolanos en búsqueda de oportunidades. En Venezuela hay cortes de luz, el sistema de salud está colapsado y nada funciona como debería, porque los fondos se desvían por la corrupción”, agregó.
Otros países que llaman la atención, son México y El Salvador. En el caso del primero, se ha mantenido estancando a pesar de la política anticorrupción de Andrés López Obrador, mientras que El Salvador se ha deteriorado notablemente.
“México no ha avanzado. Es un país donde no se han sancionado los grandes casos de corrupción y hay una disputa por la independencia de la fiscalía. El Salvador preocupa mucho, porque es un país que podría derivar en una dictadura. El presidente, Nayib Bukele, ha socavado a la justicia y eso es muy grave”, sentenció.
Finalmente, Torchiaro destacó que para mejorar en el índice, los países deben restablecer las libertades esenciales.
“Los ciudadanos deben ejercer libremente sus derechos políticos y debe haber una independencia de los poderes, sin que el Ejecutivo interfiera. También es necesario proteger a quienes denuncian corrupción”, puntualizó.